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Cómo ya sabemos, la reforma del código penal de 2015 estableció la única herramienta que puede exonerar o atenuar la responsabilidad penal de la empresa en caso de que se cometa un delito en la misma, la implantación de un PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL en la organización.

Si bien en un primer momento se produjo una gran confusión en cuanto a qué debían incluir dichos programas y cómo debían ser implantados, así como si eran “obligatorios” o no, lo cierto es que sin programa de Compliance ninguna empresa será exculpada por un Tribunal Penal, con todo lo que ello implica.

En pocos meses se ha avanzado muchísimo en materia de Compliance, no sólo porque ya haya varias sentencias condenatorias del Tribunal Supremo a empresas por carecer del Programa de Compliance Penal, sino porque la justicia ya exculpa a empresas por tenerlo, como en el reciente caso de Deloitte en el famoso caso Bankia.

UNE 19601

Sin embargo, el espaldarazo definitivo en este avance ha sido la reciente publicación de la norma UNE 19601: Sistemas de gestión de compliance penal, la cual facilita la implementación de dichos sistemas, su diseño, evaluación y mejora, no solo respetando los requisitos exigidos por el código penal español, sino también incorporando los estándares internacionales de sistemas de gestión de cumplimiento y antisoborno, (normas UNE-ISO 19600 y 37001 respectivamente) que establecen buenas prácticas mundialmente aceptadas y por tanto necesarias para poder operar en el mercado internacional.

La importancia fundamental de esta norma, aplicable a todo tipo de organizaciones cualquiera que sea su tamaño y naturaleza (sea o no persona jurídica, con o sin ánimo de lucro, pública o privada), es que es certificable por un tercero independiente, o lo que es lo mismo, garantía de que el sistema de gestión es correcto y cumple todos los requisitos.

Compliance Penal

De este modo el Sistema o programa de gestión de Compliance Penal, va más allá de la mera prevención de determinados delitos por la persona jurídica al convertirse en un medio para evidenciar objetivamente el cumplimiento, generando de este modo la confianza necesaria entre las partes interesadas (stakeholders) y distinguiendo, como dice la norma, “a los buenos ciudadanos corporativos de aquellos que no respetan en idéntica medida la legalidad”.

Por tanto si la implantación del Programa, supone una ventaja competitiva tanto en el mercado nacional como internacional al incorporar en la organización una cultura de cumplimiento, no tenerlo, supondrá la pérdida de competitividad e incluso de mercado.

Tanto es así, que la propia norma establece que las empresas comprometidas prohíban a sus socios de negocio, o sea a sus proveedores, expresamente la comisión de delitos en relación a la actividad contratada, incluyendo en sus contratos cláusulas exigiéndoles a su vez que tengan un programa de Compliance penal, y en caso de no ser así, de resolución de la relación contractual.

La ausencia de tales cláusulas en el contrato generaría un riesgo a evaluar, así como una pérdida total de confianza en la empresa proveedora incapaz de alinearse con la cultura de cumplimiento, demostrando así, una opacidad y falta de honradez manifiestas, lo que tarde o temprano supondrá su desaparición del tráfico jurídico.

Podemos concluir que la nueva UNE si bien es potestativa, en la práctica es decisiva tanto para dar cumplimiento a las exigencias del código penal, como para garantizar la honradez y transparencia de las empresas y su mantenimiento en el mercado, y es por esto que Compliance Lucas basa sus servicios en su estricta observancia, dotando a las empresas de fiabilidad al establecer una verdadera cultura de cumplimiento y de respeto a la ley.

El termino quilombo es habitualmente utilizado en Argentina para referirse a algo que provoca barullo, gresca, desorden, para nombrar algo que provoca escándalo, bullicio, conflicto, o a aquello que está descontrolado.

Pues bien, con la autoliquidación del Banco Popular que de la noche a la mañana ha pasado a manos del Banco Santander por el módico precio de 1 euro, dejando a sus accionistas como poseedores de papel mojado, o de papel de periódico como sucede en el famoso timo de la estampita, tenemos un nuevo quilombo de la banca española, que afecta según cálculos oficiales a unos 300.000 accionistas, en su mayoría pequeños accionistas que tenían depositados buena parte de sus ahorros en acciones del banco popular, un banco solvente, seguro, fiable, que se vendía como el más rentable del mundo, como uno de los mejores gestionados del mundo, como uno de los más eficientes, o al menos así rezaba la publicidad y los informes que sobre el propio banco se hacían públicos hasta no hace mucho, y sin perjuicio de que en los últimos meses sí que se fueron acumulando las noticias negativas sobre el propio banco.

Lo bien cierto es que hay un buen número de afectados a los que posiblemente les quede como única posibilidad para recuperar sus ahorros, la vía judicial.

Experiencia en el sector

Por eso es importante contar con un despacho que acumule la experiencia necesaria en materia de derecho bancario, y que antes de aventurase a cualquier reclamación temeraria valore cual es la mejor solución para sus clientes. En LUCAS ABOGADOS contamos con experiencia de años en reclamaciones por swaps o permutas financieras, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, OPV Bankia, cuotas participativas, cláusulas abusivas, valores Santander, bonos estructurados, y una larga lista de productos bancarios cuya comercialización ha causado graves perjuicios a miles y miles de ciudadanos.

Así pues, en primer lugar si es usted afectado de Banco Popular, lo primero será analizar su caso concreto pues si es usted accionista por haber acudido a la última ampliación de capital, si es usted accionista por haber suscrito previamente bonos convertibles, o si es usted accionista por haber adquirido en su día acciones del banco, cada uno requiere un tratamiento distinto. Póngase en contacto con LUCAS ABOGADOS y le informaremos de forma personal y gratuita de los pasos a seguir.

 La firma auditora DELOITTE investigada en el “caso Bankia”, ha sido eximida de responsabilidad penal por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en el Auto que concluye la fase de instrucción y por el que serán procesadas 34 personas, incluyendo a la propia Bankia y a BFA como personas jurídicas, por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 de ambas entidades y del delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo de salida a Bolsa de la entidad.

Peor suerte ha corrido Francisco Celma, socio auditor de DELOITTE,  al considerar el juez que los socios de la auditora cuentan con “absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de su trabajo” por lo que sí será procesado por sus informes favorables sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses anteriores a su salida a Bolsa.

Cinco años de investigación y conclusión

Efectivamente, la instrucción del presunto fraude en la fusión y posterior salida a bolsa del Grupo Bankia, iniciado cinco años antes a raíz de una querella interpuesta por UPYD, ha concluido tras una larga investigación, dando luz verde a la apertura de juicio oral.

El juez tras interrogar a más de 40 testigos y recabar numerosos informes periciales, entiende que los administradores y altos directivos de Bankia y BFA “aprobaron  unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas» ya que los estados financieros y las cuentas consolidadas de BFA en el año 2010 y 2011, así como las cuentas anuales de Bankia en 2011 no reflejaban el verdadero estado de la entidad.

Es por ello que el folleto informativo de salida a bolsa de la organización contenía información económica falsa «con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado” por lo que el juez considera que los consejeros investigados falsearon  dicha información con la cooperación necesaria del auditor externo que la avaló,  y que no sólo produjo una falsa información al inversor, «sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último…”, al basarse la compra de acciones en datos falsos.

El Compliance libra a Deloitte

La firma Deloitte, ha quedado exenta de responsabilidad penal por el delito de fraude de inversores regulado en el art.282 bis del CP (delito listado entre los atribuibles a las personas jurídicas del art. 31 bis CP), al acordar el juez Andreu el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales que se le atribuían, aunque manteniendo la responsabilidad civil.

El motivo es que la firma, según Andreu, “acreditó sobradamente que cuenta con un Manual de Compliance que cumple con los requisitos expuestos, así como que para su gestión se cuenta con las suficientes herramientas, políticas y protocolos, que componen el llamado “Sistema de Control de Calidad” adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos.» 

Por tanto el que la entidad contara con un programa de cumplimiento valorado positivamente por el juez ha evitado a Deloitte un proceso penal, que con seguridad hubiera arruinado irremediablemente su reputación.

En LUCAS ABOGADOS, podemos informarle de los pasos a seguir para que su organización disponga de un programa de prevención de riesgos penales, COMPLIANCE PENAL, adecuado a sus necesidades, adelántese a los problemas, adopte la decisión e implante en su organización un Compliance penal, los beneficios son múltiples.