EL CÁRTEL DE LOS COCHES

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Si compró su coche entre febrero del 2006 y agosto de 2013 puedes haber sido víctima del comúnmente conocido “Cártel de coches”.

El cártel de coches es la denominación otorgada para la agrupación de distintas marcas del sector del automóvil que tenían como objetivo principal el intercambio de información comercial, lo que supuso una implícita fijación de precios, realizada por la mayoría de marcas presentes en el mercado, que duró del año 2006 al 2013, y supuso un quebranto para el bolsillo a los consumidores al pagar un sobreprecio que no debieron soportar.

Entre las marcas afectadas se encuentran Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo.

cartel-de-coches

 

En el año 2015, la CNMC impuso a dichos fabricantes la mayor multa de su historia, 171 millones de euros repartidos entre las 23 empresas. Las sanciones por valor de 40 millones de euros a las empresas del Grupo Volkswagen (Audi, Porsche, Skoda y Volkswagen) y a Seat, fueron condonadas por haber colaborado con la CNMC. Eso sí, pese haber colaborado con las autoridades a destapar el cártel, no están exentas de responder ante las futuras indemnizaciones.

Ahora, ha sido la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo quién en su sentencia 1878/2021 de 6 de mayo ha ratificado esta sanción que impuso la CNMC el pasado 23 de julio de 2015 basándose en la existencia de un cartel, pues a la vista de su propia jurisprudencia y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala del Supremo llegó a la conclusión de que

«un intercambio de información entre empresas competidoras referente a precios y otros aspectos comerciales» era sancionable, pues tiende a homogeneizar los comportamientos comerciales, lo que implicaría entre otras actuaciones la de pactar precios, limitar descuentos, compartir información, y buscar la reducción de la libre competencia en el mercado a lo largo de los siete años que duraron dichas actuaciones.

Se calcula aproximadamente que puede haber más de 10 millones de cliente afectados. Por ello, si usted adquirió un vehículo por compra, leasing o renting, entre 2006 y 2013, de una de las marcas afectadas, puede reclamar.

cartel de coches

 

 

En cuanto a la documentación que debe conservar para iniciar dichas indemnizaciones es necesario:

• Factura de adquisición del vehículo si se adquirió por compra o póliza suscrita con la entidad financiera en caso de leasing o contrato de renting.
• Ficha técnica del vehículo.
• Permiso de circulación del vehículo.

La cuantía a reclamar siempre dependerá del vehículo comprado y del modelo. La indemnización consiste en el sobrecoste que ha sufrido cada comprador a la hora de adquirir el mismo y por eso ha de estudiarse caso a caso, pero se estima que puede alcanzar entre un 10% y un 15% del precio total del vehículo.

En concreto, la referida sentencia declara la nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativos al método de cuantificación de la base imponible de la plusvalíaa municipal. 

LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA.

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En su reciente sentencia de 26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, referidos al sistema de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). 

La Plusvalía municipal es un Impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos. Este incremento de valor se cuantifica teniendo en cuenta los años en los que el inmueble ha estado en posesión, es decir, desde la compra hasta la posterior transmisión. Se trata de uno de los principales tributos para las administraciones locales, y se cobra cada vez que se vende un inmueble, se hereda o se dona. 

En concreto, la referida sentencia  declara la nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativos al método de cuantificación de la base imponible de la plusvalíaa municipal. 

 

En cuanto al alcance y los efectos de dicha declaración de inconstitucionalidad y nulidad de dichos artículos, el Tribunal realiza las siguientes precisiones:

En primer lugar, expone que la expulsión de los referidos artículos del ordenamiento jurídico implica dejar un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad por parte de las corporaciones locales.

En segundo lugar, la referida sentencia hace especial hincapié en el hecho de que la nulidad de estos artículos no conlleva la retroactividad de la norma. Estableciendo que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

Sobre esta cuestión, que ha sido noticia relevante en todos los medios de nuestro  país, ha sido entrevistado, por los servicios informativos de TVE, el  abogado de este despacho Gonzalo Lucas Diaz-Toledo.

 

ARTÍCULO LEY SEGUNDA OPORTUNIDAD

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La Ley de Segunda Oportunidad se encuentra regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad y permite desde el año 2015 que aquellas personas físicas que no puedan hacer frente a sus deudas puedan tener un mecanismo con el que afrontar la delicada situación económica por la que atraviesan, renegociando o incluso eliminando de forma total o parcial sus deudas cuando no es posible hacer frente a su pago, permitiendo a quién pueda tener un  fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

¿Quiénes pueden acogerse a la Ley de la segunda oportunidad?

Tal y como hemos expuesto, se trata de un mecanismo al que pueden acogerse autónomos, personas físicas, particulares y consumidores en general.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Para iniciar dicho procedimiento se deben cumplir los siguientes requisitos:

a)Demostrar que no se tiene patrimonio para hacer frente a las deudas o que éste ya se ha liquidado.

b)La obligación total de las deudas no puede superar los 5 millones de euros.

c)La buena fe del deudor.

  1. d) No haya sido declarado culpable en el concurso de acreedores
  2. e) No haber sido condenado en sentencia en firme por delitos contra la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Derecho y Libertad de los empleados durante la última década
  3. f) Haber intentado o conseguido un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores
  4. g) Rechazar puestos de trabajo u ofertas de empleo, cuatro años antes de la declaración de insolvencia.
  5. h) No disponer del beneficio de esta Ley diez años antes de la solicitud de la Segunda Oportunidad.
  6. i) Aceptar la inscripción en el Registro Público Concursal de la resolución favorable.

Para acogerse a esta Ley Segunda Oportunidad, es necesario que se cedan todos los bienes y activos, exceptuando los que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional.

¿En qué consiste?

Básicamente nos encontramos ante dos fases, una extrajudicial y una judicial.

-Fase Extrajudicial: El intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores.

Es decir, el primer paso al que obliga la ley es a negociar con los acreedores para tratar de buscar una solución amistosa entre las partes que permita el pago de la deuda que realmente pueda afrontar el deudor, con quitas, reestructuraciones y la elaboración de un plan de pagos.

No hay que olvidar que la finalidad de esta Ley no es solo que los deudores insolventes tengan la opción de empezar una nueva vida eliminando todas o parte de sus deudas sino que también busca proteger los derechos de cobro de los acreedores para que no se vean indefensos ante tal situación. Si este proceso de negociación extrajudicial se llegara a un acuerdo con los acreedores, no sería necesario acudir a la fase judicial.

-Fase Judicial: El concurso consecutivo.

Tal y como hemos comentado, y para el caso de que no haya sido posible llegar a un acuerdo con los acreedores, entonces se abre la vía judicial, instando la declaración del concurso de acreedores voluntario.

Esta fase tiene por objetivo que, una vez constatado que no se puede llegar a un acuerdo de pago con los acreedores de la deuda, sea un juez el que dictamine cómo resolver la situación y cancele, total o parcialmente las deudas, a través del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

¿Podemos cancelar todas las deudas?

Con la solicitud del BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) entraríamos a solicitar la exoneración del 100% de las deudas contraídas. Hay que matizar que en relación a las deudas contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social, en un principio, este tipo de deuda estaba excluida de la exoneración, pero recientemente el Tribunal Supremo en diversas sentencias ha venido a ampliar los límites de exoneración de la Ley de Segunda Oportunidad, permitiendo la eliminación del 70% de las deudas contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social, permitiendo que el 30% de la deuda restante se pudiese fraccionar su pago durante 5 años.

Es necesario para poder acogerse al BEPI que se actúe de buena fe y que, en consecuencia, la imposibilidad del pago no sea imputable a la voluntad del deudor.

En definitiva, aquellas personas que se vean en una situación económica inviable, por su situación de insolvencia, no deben quedar expuestas a ser “insolventes” toda su vida, y con acogiéndose a los mecanismos de la Ley de Segunda Oportunidad , podrán iniciar una nueva vida “económica”.

 

 

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NUEVA SENTENCIA CONDENA A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA A PAGAR INDEMNIZACIÓN POR EL CIERRE OBLIGATORIO DEL NEGOCIO A CAUSA DEL COVID-19.

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El Juzgado de Primera Instancia número de 14 de Granada, ha dictado esta semana una nueva Sentencia (166/2021 de 21 de julio) que viene a reforzar la postura adoptada por la Audiencia Provincial de Girona, en su novedosa sentencia de fecha 3 de febrero de 2021, y que condena a la compañía aseguradora a indemnizar al empresario por la pérdida de negocio a causa del cierre obligatorio sufrido durante el primer estado de alarma.

En esta nueva sentencia, el juzgado de Granada ha estimado la demanda de un empresario de hostelería sobre la pérdida de negocio que le supuso tener el local cerrado como consecuencia de la pandemia de Covid-19, condenando a Generali España S.A. Seguros y Reaseguros a abonar 80.000 euros más el interés de dicha cantidad, así como las costas causadas en el procedimiento. 

El conflicto entre asegurador y asegurado surge por la inclusión en la póliza de seguro del local de una cláusula que excluía la cobertura “ante amenazas terroristas, abandono del puesto de trabajo, falta de acceso al local e instalaciones, así como limitaciones, restricciones o requisas impuestas por cualquier organismo o administración pública o por cualquier otro caso de fuerza mayor, en cuanto a la reconstrucción del edificio o la remodelación de la actividad en el local del negocio asegurado”.

El juez de primera instancia de Granada alega, que esta cláusula debía estar destacada de un modo especial y ser aceptada expresamente por escrito por el asegurado, para evidenciar que el asegurado consentía dichas limitaciones, algo que no consta.

Al ser una cláusula limitativa del riesgo debe cumplir los requisitos del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

Del mismo modo, considera el juez que «tampoco puede considerarse que la situación de pandemia que dio lugar a la adopción de las medidas contenidas en el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma pueda considerarse incluida en la fuerza mayor que define el Código Civil como aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables (…) por cuanto la posibilidad de sufrir pandemias periódicamente es un hecho reconocido por el propio sector asegurador».

Se trata pues, de la segunda sentencia en esta línea, ya que la Audiencia de Girona condenó a SegurCaixa Adeslas a pagar 6.000 euros a una pizzería por la paralización del negocio por las restricciones por la covid-19.

Este tipo de resoluciones abren la puerta para que muchos negocios que tuvieron que cerrar debido a la pandemia y que sufrieron enormes pérdidas puedan reclamar a sus compañías aseguradoras las indemnizaciones que les pudiera corresponder a causa del cierre obligatorio y correspondiente pérdida de producción motivado por la COVID 19. 

Será importante que, caso de haberse visto obligado al cierre de su negocio, como consecuencia del primer estado de alarma decretado en nuestro país, un abogado especializado pueda comprobar el contenido de su  póliza de seguro, sus condiciones  particulares y generales,  y la existencia o no del seguro por perdida de beneficios o seguro de lucro cesante, así como en su caso la existencia o no de cláusulas limitativas y su validez.  En LUCAS ABOGADOS podemos ayudarle, y sin compromiso alguno examinaremos su contrato de seguro y le informaremos de su situación y posibilidades de reclamación.

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RECLAMACIONES IRPH , DE NUEVO SUSPENDIDAS

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Un nuevo vaivén de nuestro Tribunal Supremo, como no, en un asunto que afecta a las entidades financieras, provoca que los asuntos en los que se dilucida si la cláusula que afecta a miles y miles de préstamos hipotecarios cuya índice de referencia es el llamado índice IRPH, es nula y que efectos conlleva su nulidad, queden suspendidos. 

  Cuando, como consecuencia  de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2020 todo parecía apuntar a que el Tribunal Supremo modificaría su criterio de no considerar nulo el índice IRPH, nos encontramos con una nueva pirueta del Alto Tribunal, que vio la luz el pasado mes de noviembre de 2020, en las sentencias 595-596-597 y 598 que si bien consideraban nulo el índice IRPH tal y como había sido introducido en las escrituras de préstamos hipotecario de los consumidores demandantes, por falta de trasparencia, como no podía  ser de otra manera tras el dictado de la sentencia del TJUE,  consideraron que el mismo no era abusivo, y retorciendo la doctrina y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, se generó una absurda situación de nulidad de una cláusula, pero sin efectos prácticos para los consumidores, sin consecuencia alguna para las entidades que habían comercializado indebidamente, con absoluta falta de transparencia, el referido IRPH.

Cláusula de índice IRPH declarada nula, pero no abusiva, algo que obligaría a reescribir todos los manuales que tratan la nulidad, ya desde primer curso universitario, algo que tampoco nos sorprende pues ya en el tratamiento de la nulidad que se dio a las llamadas clausulas suelo se sufrieron diversos vaivenes que incluían una nulidad a la carta, con fecha de inicio predeterminada, que finalmente tras diversos pronunciamientos  fue corregida, regresando a la nulidad conocida hasta la fecha, esto es, lo que es nulo no existe, y no produce efecto alguno. 

Pero regresando al IRPH, nos encontramos con que, desde noviembre de 2020 se iban sucediendo las sentencias del Tribunal Supremo declarando la nulidad pero no la abusividad, sumiendo en la más absoluta nada a  los consumidores; al tiempo que algún juez valiente y decidido, ( ya es triste considerarlos así por realizar correctamente su trabajo), elevo cuestión prejudicial al TJUE sobre la aplicación de la cláusula  IRPH y la interpretación que de las misma estaba haciendo el Tribunal Supremo, lo que dio origen al asunto C-655/20. Por cierto, la valentía se la podemos atribuir a los titulares de los  Juzgados de Primera Instancia 38 de Barcelona, y 2 de Ibiza.   

 

 

  Con todo esto, y teniendo en cuenta que, en materia de consumidores, conforme al art. 4 Bis de la LOPJ, los jueces españoles están sujetos al derecho de la Unión Europea y jurisprudencia del TJUE, y teniendo en cuenta el principio de primacía del derecho de la Unión para la interpretación de la Directiva 93/13 que afecta a los consumidores, era oportuna la suspensión de los asuntos de IRPH hasta que se pronuncie el TJUE sobre las cuestiones planteadas, esto es, procedía la llamada suspensión por prejudicialidad civil.

De momento el Tribunal Supremo en providencias de 5 de marzo de 2021 y 12 de marzo de 2021 dejaba en suspenso algunos de los procedimientos en materia de IRPH hasta obtener más información del TJUE sobre las cuestiones que se están tramitando al respecto.

También han sido de los primeros en acordar la suspensión de estos procedimientos el Juzgado de Primera Instancia 2 Bis de Cádiz, o  la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tenerife.  Y recientemente en la audiencia previa celebrada por nuestro despacho ante el Juzgado de Primera Instancia 25 Bis de Valencia, órgano especializado parta juzgar estos asuntos en la provincia de Valencia, se ha acordado la suspensión del procedimiento, en materia de IRPH, al menos hasta que se produzca el fallo del TJUE, por ser una cuestión absolutamente relevante para el dictado de la oportuna sentencia.

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TU DEUDA CON LA TARJETA DE CREDITO NO SE ACABA NUNCA – TARJETA REVOLVING.

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En los últimos meses estamos recibiendo clientes a los que les ha llegado una demanda o simplemente se ven agobiados por no poder hacer frente a los pagos de una “tarjeta revolving”.

A lo largo de estos años se han hecho muy populares entre consumidores las comúnmente conocidas como «tarjetas revolving», es un tipo de tarjeta con la que se pueden realizar cualquier compra o disponer de efectivo aplazando los pagos pero eso sí, con unos intereses generalmente muy elevados llegando a ser abusivos, entre el 20 y el 30%.

Estos créditos a través de tarjeta, han sido comercializados normalmente, a pie de calle, con todo tipo de facilidades, sin apenas documentación ni información. Era un dinero fácil, pero a un alto coste, por intereses, comisiones y otros gastos asociados.    

Dichas tarjetas se caracterizan el cobro de unos intereses desproporcionados con respecto al interés normal del dinero, lo que llevan al consumidor en la mayoría de sus casos a sobre endeudarse.

Además de contener un tipo de interés usurero este tipo de contratos adolecen de falta de transparencia no sólo por cómo están redactadas las cláusulas, que en muchas ocasiones están redactadas con una tipología de letra minúscula e ilegible, sino también por la falta de información precontractual que reciben los consumidores antes y durante la formalización del contrato.

No obstante, y a pesar de lo que se puede pensar, estas prácticas abusivas no solo vienen dadas por los bancos y entidades de crédito, sino que también hay gasolineras, supermercados o comercios, que a través de agresivas campañas comercializaron estas tarjetas atendiendo a los descuentos y facilidades que ofrecen a la hora de financiar las compras.

En este sentido, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el carácter usurario de este tipo de tarjetas, amparándose en la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura, así, en su Sentencia de fecha de 25 de noviembre de 2015 declaró la nulidad de un contrato de tarjeta revolving, por considerar que su tipo establecido en el 24,60% TAE era usurero. 

Recientemente, el Alto Tribunal, en su Sentencia 149/2020 de 4 de marzo de 2020, volvió a pronunciarse sobre la contratación de este tipo de tarjetas, confirmando la usura de las tarjetas revolving y la nulidad de las mismas, obligando a la entidad bancaria a devolver al consumidor las cantidades abonadas que excedían del capital prestado. En el caso en cuestión, se trataba de un contrato de crédito suscrito en el año 2012 donde se fijó un tipo remuneratorio del 26,82% TAE. Al ser el tipo de interés medio del crédito para operaciones de tarjetas de crédito y revolving, en torno al 20% anual, el tipo remuneratorio se considera muy elevado.

En dicha Sentencia, al Alto Tribula manifiesta que:

“…no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.”

Con el fin de evitar que se continúen produciendo abusos por parte de las entidades financieras, el pasado 27 de Julio de 2020 se publicó en el BOE la Orden  Ministerial, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, orden que entró en vigor el pasado 2 de enero de 2021 y que pretende reforzar las medidas de protección de los consumidores.

Entre las medidas que se contemplan se encuentra la obligación de las entidades de realizar un estudio de solvencia y capacidad del consumidor antes de que se celebre el contrato, con el objetivo de cerciorarse de que el consumidor dispone de capacidad económica suficiente para satisfacer la totalidad del capital dispuesto sin incurrir en sobreendeudamiento.

Asimismo se refuerza la información que debe recibir el consumidor, con carácter previo a la contratación se establece la obligación de entregar información y documentación precontractual con una clara mención a la modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término “revolving”, la capitalización de intereses, así como un ejemplo representativo del crédito con dos o más alternativas de financiación.

Además, la entidad debe informar al cliente de forma periódica del importe del crédito dispuesto, el tipo de interés, la modalidad de pago, la fecha estimada en la que el consumidor terminará de pagar el crédito dispuesto y deberá proporcionar información adicional al prestatario cuando este lo solicite.

En definitiva, si has contratado una tarjeta revolving y has pagado ya una cantidad superior al capital prestado o simplemente no puedes hacer frente a los pagos de la misma, puedes reclamar judicialmente la nulidad del contrato y el exceso de capital más los intereses, el seguro y comisiones que te hayan cobrado.

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GASTOS DE HIPOTECA Y OTRAS CLÁUSULAS NULAS. SENTENCIA DE ABRIL 2021

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La reclamación de los gastos pagados por el consumidor al otorgar la escritura de su préstamo hipotecario, ha venido sufriendo variaciones, en cuanto a los conceptos que los juzgados y tribunales entiende que deben ser restituidos. La última actualización se ha producido con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2021, según la cual, las cantidades que la entidad bancaria deberá reintegrar son: la totalidad de los aranceles abonados al Registro de la Propiedad por la inscripción de la hipoteca; la totalidad de los gastos de la gestoría, el importe de la tasación y la mitad de los gastos de notaría. 

Y aun así nos encontramos también con otros gastos en los que no hay un criterio claro, como puede ser la comisión de apertura sobre la que existen pronunciamientos diversos según audiencias provinciales, y todo ella a falta de pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto.       

Por tanto, si usted firmó una hipoteca en la que el banco le impuso el pago de todos los gastos generados por el otorgamiento de la Escritura, podrá usted reclamar la declaración de nulidad de la citada cláusula y, en consecuencia, la devolución de los importes correspondientes a los conceptos indicados.

 

 

En conclusión, además de los citados gastos, totalidad de los aranceles abonados al Registro de la Propiedad; totalidad de los gastos de la gestoría, el importe de la tasación y la mitad de los gastos de notaría, cabría reclamar los siguientes:

IMPUESTO: Y si bien, ya se estableció claramente que el importe de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados no entraba dentro de los conceptos a devolver, sí que existe una parte de lo abonado por este impuesto que puede ser recuperado, ya que, Audiencias Provinciales como la de Valencia, vienen reconociendo la obligación del banco de reintegrar al consumidor la parte del impuesto pagada en exceso por la inclusión en la base imponible de una determinada cantidad para intereses de demora. 

En tal caso, la devolución de esa parte del impuesto es consecuencia de la nulidad de la cláusula de intereses de demora, pues al declararse la nulidad de dicha claúsula, el importe calculado para intereses de demora, se tiene por no puesto, es decir, nunca debió incluirse en la base imponible del impuesto, por lo que el importe pagado de más, se le debe reintegrar al consumidor.

 

 

COMISIÓN DE APERTURA: Además, tal y como decíamos en un artículo anterior, la Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 abrió nuevamente la posibilidad de reclamar la comisión de apertura, y si bien en este caso, los Tribunales no mantienen una postura unitaria, sí que se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Valencia, la cual desde su Sentencia de 23 de febrero de 2021 viene condenando a la entidad bancaria a reintegrar el importe abonado por la comisión de apertura.

En nuestro despacho son muchos los casos en los que los clientes ya han recuperado el importe de estos gastos, así como el exceso pagado en el IAJD, por ello, si quiere usted saber qué cantidades podría reclamar, no dude en contactar con nosotros y le realizaremos el estudio, sin compromiso alguno.

Ver Sentencia
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CASO DE ÉXITO DE LUCAS ABOGADOS. EL BANCO DEVOLVERA A UNA EMPRESA PATRIMONIAL FAMILIAR 120.000 EUROS INVERTIDOS EN PRODUCTOS COMPLEJOS.

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La sentencia de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 1 de febrero de 2021, acuerda la nulidad del producto complejo vendido por Banco Santander a nuestros clientes, una empresa patrimonial familiar, con sede en Barcelona, que de esta manera recuperara los 120.000 euros invertidos siguiendo las indicaciones del citado banco, 

Una vez más los tribunales nos dan la razón, y acuerdan la nulidad de la compraventa de productos complejos y de riesgo en atención a la falta de información facilitada a sus clientes. Y así destaca la sentencia la importancia del correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos.

Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza.

 

 

 

Los clientes deben ser informados de los riesgos de la contratación de productos financieros, y dicha información debe ser con antelación a la contratación, por escrito, y de forma sencilla y entendible por el cliente al que va dirigida, y además es la entidad financiera la que debe probar que ha facilitado dicha información, y así señala la sentencia “Por ello ha de examinarse lo relativo a tal información, su suficiencia, exactitud y corrección.

Si la información es inveraz, o si su insuficiencia o inexactitud determinó el error del contratante, ha de examinarse si ello afecta a elementos sustanciales del contrato, relacionados con la finalidad del negocio, si es imputable al citado contratante y si es excusa Ya de entrada conviene advertir que corresponde a la entidad financiera probar que ha facilitado al cliente la información clara, correcta, precisa y suficiente sobre el producto antes de contratar, especialmente sobre los riesgos que la operación conlleva. La carga de la prueba sobre el alcance de la información incumbe a la entidad bancaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 217 LEC y ello por dos razones, primera, porque se trata de un hecho negativo (la falta de información) de imposible prueba, y, segunda, el principio de facilidad probatoria pues es únicamente la entidad financiera la que se encuentra en condiciones de acreditar qué concreta información facilitó al cliente.”

Y siendo habitual que las entidades financieras citen a sus empleados para testificar las bondades y virtudes de la entidad y de los propios empleados en la comercialización de los productos, no deja de resultar concluyente y absolutamente acertada la siguiente conclusión a la que llega la Audiencia Provincial de Barcelona:  

“El testimonio de la Directora del Banco empleado del banco Dña. XXX acerca de cómo se realizó la contratación de los Valores Santander es insuficiente para demostrar qué información se facilitó al cliente. Y ello porque para valorarse la fuerza probatoria de su declaración hay que tomar en consideración la razón de su ciencia y las circunstancias que en ellos concurran, no pudiendo obviarse la relación laboral entre la entidad demandada y el testigo, y el hecho incuestionable de que al haber intervenido directamente en la contratación está claramente interesado en afirmar la correcta comercialización del producto, debiendo recordar que como apunta la STS, Pleno, de 12 de enero de 2015 «no es correcto que la prueba tomada en consideración con carácter principal para considerar probado que Banco Santander cumplió su obligación de información sea la testifical de sus propios empleados, obligados a facilitar tal información y, por tanto, responsables de la omisión en caso de no haberla facilitado».”

 

 

Siguen siendo muchas las empresas que han adquirido productos financieros complejos sin la debida información sobre los riesgos y que  les han acabado ocasionando importantes pérdidas, y deben ser conscientes de las posibilidad de reclamar, pero en muchos casos hay riesgo de prescripción, riesgo de que trascurra el plazo que posibilita la reclamación en vía judicial, por ello aconsejamos que consulte su asunto con un despacho de abogados, y se informe convenientemente de las posibilidad de su reclamación. 

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PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR COVID 19, CONTRATO DE SEGURO E INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN.

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El título de nuestro artículo son las tres patas iniciales para construir nuestra mesa, y como no podía ser de otra manera nos falta la cuarta pata, que no es otra que el pronunciamiento judicial que dictamine si el autónomo de turno, la castigada Pyme, tienen derecho  o no a cobrar la indemnización correspondiente conforme al contrato  de seguro suscrito, en definitiva la línea que vayan a seguir nuestros juzgados y tribunales en esta novedosa  cuestión, generada como tantas otras por la tan mencionada pandemia que nos asola. 

Mucho nos tememos que no será cuestión pacífica, y que nos encontraremos pronunciamientos dispares por toda la geografía, y quizás dentro de unos años, cuando la pandemia sea un mal recuerdo, sea entonces cuando nuestro Tribunal Supremo sienta una jurisprudencia ya innecesaria, en fin, este es nuestro sistema judicial. 

Pero aún nos tenemos más, la actividad ya desplegada por las compañías aseguradoras, capaces de silenciar en los medios de comunicación cualquier noticia esperanzadora para los asegurados, y capaces de movilizar a los grandes despachos de abogados, y a concienzudos doctores en derecho que viene publicando conmovedores artículos, en pro de la ausencia total de responsabilidad de las compañías de seguros.        

La esperanza la encontramos, en la reciente sentencia de fecha 3 de febrero de 2021 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Girona, que estima el recurso del asegurado, una pizzería, al que la sentencia de primera instancia había desestimado su demanda, y que condena a la aseguradora a pagar los 200 euros diarios, con un máximo de 30 días que conforme a la póliza suscrita que aseguraba el riesgo de paralización de la actividad.

Ver sentencia SAP Girona

La sentencia, con apoyo en la interpretación que el Tribunal Supremo, ha venido haciendo de las cláusulas delimitadoras del riesgo y de las cláusulas limitativas, entiende en primer lugar que la garantía contratada de lucro cesante o paralización de actividad puede existir de forma autónoma o como garantía que se produce como consecuencia del acaecimiento de un riesgo de los contratados en la póliza de seguro. 

 

La sentencia entiende que debe hacerse una interpretación en favor del asegurado, y que la paralización por la pandemia debe entenderse como un riesgo cubierto. Esto es conforme con la previsión del art. 2 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS),  de los arts. 6  y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), y art. 1288 del Código Civil. 

También aplica el art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS) al considerar que no habiéndose destacado en el contrato ni aceptado y firmado expresamente por el asegurado las cláusulas limitativas del riesgo, (como pudiera ser la exclusión expresa por circunstancias excepcionales como una pandemia), carecen de validez.  

La sentencia señala,  

“Surge la duda de si, el supuesto de paralización como consecuencia de la pandemia por COVID-19 está o no cubierto, en la medida, que por dicho motivo, ocasiona la pérdida de beneficios durante el período de indemnización, sin entrar en disquisiciones dogmáticas sobre si se debe distinguir si el negocio se interrumpe por causa del virus, o por causa de una medida gubernamental de paralización (en cuyo caso podría surgir la duda de si la aseguradora puede o no repetir al Estado), puesto que, en todo caso, el asegurado ve interrumpido su negocio y mermados sus ingresos, y precisamente por ello, cuando en el condicionado general no se contempla expresamente el apartado «paralización por resolución gubernativa ante una pandemia», y ello se opone por la aseguradora al asegurado, nos hallamos ante una clara limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, por lo que, su validez y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los específicos requisitos, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito, del art. 3 LCS.

…………

En todo caso, el hecho de que la póliza examinada no contemple expresamente, la cobertura del riesgo referido a la paralización del negocio por la pandemia, impone que su exclusión en el condicionado general por la aseguradora, reclamaba los requisitos del art. 3 LCS (estar destacada de forma especial y aceptación por escrito del asegurado) y ello, por aplicación de los principios antes mencionados, referidos al contenido natural del contrato de seguro y a las expectativas que podía tener el asegurado, cuando acepto la póliza por ver cubierto, de manera expresa, «Pérdida de beneficios/Paralización de la actividad». Aceptar lo contrario, supondría tanto como restringir la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto, en principio, por el seguro contratado.”

La sentencia no pasa por alto y cita, como en otros países de nuestro entorno, como Francia e Inglaterra ya se han dado pronunciamientos favorables a la indemnización al asegurado por la paralización de la actividad con motivo del Covid 19.

 Nuestro consejo, es en primer lugar, examinar con detalle la póliza de seguro, debiendo constatar que entre los riesgos cubiertos se encuentra el de lucro cesante o paralización de la actividad, pues no siempre es un riesgo cubierto, y en su caso comprobar las definiciones de la póliza, delimitación del riesgo que se cubre y exclusiones y limitaciones.

En nuestro despacho, en aquellas pólizas que sí que contemplan el lucro cesante o pérdida de actividad nos estamos encontrando con algunas de ellas, en las que el supuesto encaja a la perfección y conforme al tenor literal de la póliza debe proceder la indemnización, principalmente por que contemplan la paralización de la actividad por cualquier causa ajena  a la voluntad del asegurado, sin limitaciones ni exclusiones;  si bien en otras, habrá de recurrirse a la aplicación de los artículos de la LCS y LCGC que permiten una interpretación en favor el asegurado y una invalidez de las cláusulas limitativas.  

En LUCAS ABOGADOS le ofrecemos la posibilidad de examinar su póliza de seguro sin compromiso alguno, y le informaremos con claridad de las posibilidades de su reclamación.  

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GASTOS HIPOTECARIOS: EL TRIBUNAL SUPREMO INCLUYE LOS GASTOS DE TASACIÓN Y GESTORÍA. SENTENCIA DE 27 DE ENERO DE 2021.

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La reciente Ley 5/2019 de Crédito Inmobiliario distribuye imperativamente los gastos hipotecarios atribuyendo básicamente  todos al prestamista salvo los de tasación, que paga el deudor. Esta regulación, sin embargo, solo se aplica para los préstamos firmados tras la entrada en vigor de dicha Ley, es decir a partir del 21 de junio de 2019.

No obstante, para los préstamos anteriores a dicha fecha no existe regulación alguna y por tanto la mayoría de los préstamos hipotecarios atribuían la totalidad de los gastos al prestatario, lo que ha provocado que se hayan producido innumerables  reclamaciones judiciales por parte de los consumidores solicitando su devolución. 

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EL Tribunal Supremo con fecha de 27 de enero de 2021 (Sentencia nº 35/2021) se ha pronunciado por primera vez sobre los gastos de tasación si bien en anteriores resoluciones el Alto Tribunal si se ha pronunciado sobre la distribución de los gastos de notaría, gestoría y registro, ahora se pronuncia sobre los controvertidos gastos de tasación al interpretar la STJUE de 16 de junio de 2020, en este sentido, la sentencia dictada el 27 de enero de 2021 del Tribunal Supremo, en los apartados 7 y 8 del fundamento de derecho segundo de la sentencia, establece que los gastos de tasación son el coste de la tasación de la finca sobre la que se pretende constituir la hipoteca y aunque la tasación no constituye propiamente un requisito de validez de la hipoteca, si es un requisito procesal previsto en el artículo 682, 2-1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución directa de la hipoteca, además de ser un requisito previo para la emisión de valores garantizados. Por lo que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2020, el Alto Tribunal resuelve que ante la falta de una norma aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o una parte de esos gastos, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.

 

Del mismo modo, se cambia el criterio relativo a los gastos de gestoría, en este sentido, la  anterior Sentencia del Tribunal Supremo, 48/2019 entendió que a falta de norma aplicable “ las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad«. No obstante en la reciente Sentencia de 27 de enero de 2021 el Tribunal Supremo cambia de criterio porque considera que “no se acomoda bien a la doctrina contenida en la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, porque con anterioridad a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario, no existía ninguna previsión normativa sobre cómo debían abonar esos gastos de gestoría.”  Por tanto, el prestamista debe restituir al consumidor la totalidad de lo pagado por gestoría.

Con esta resolución quedan resueltas todas las consecuencias de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario. Esta doctrina supone que los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales.

Solo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores.

Por último señalar que a nuestro juicio, la referida sentencia de 21 de enero de 2021, tiene otra importante consecuencia, ya que, ante la controversia jurídica sobre el plazo de prescripción aplicable a la restitución de cantidades indebidamente abonadas por la declaración de nulidad de la cláusula gastos, y las diferentes interpretaciones sobre el cumplimiento del plazo de prescripción, habrá de considerarse que para aquellas audiencias que consideraban aplicable el plazo de prescripción de cinco años concluso en enero de 2021, cabe revisar dicho plazo, pues las reclamaciones que se inicien con base y fundamento  en la sentencia de 21 de enero de 2021, que como novedad principal incluye la posibilidad de reclamar los gastos de tasación y de gestoría al completo, tendrán al menos un plazo de prescripción que no se cumplirá hasta el 21 de enero de 2026. 

 

Y todo ello sin perjuicio de seguir considerando mucho más acertada y ajustada a derecho la teoría de imprescriptibilidad de estas reclamaciones pues la acción que se ejercita es de nulidad de cláusulas abusivas,  y por lo tanto nulidad absoluta o  de pleno derecho, arts. 83 TRLGDCU y 10 bis LCGC, y como tal imprescriptible, y el reintegro de cantidades es una consecuencia de dicha nulidad, la restitución de cantidades es un efecto “ex lege” que viene impuesta por ley, art. 1303 Código Civil.      

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