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Nuestro departamento de derecho penal, ha concluido con éxito un procedimiento penal, relacionado con un accidente laboral, y que, como delito se encuadra en el Titulo XV del Código Penal, dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores, y que comprende los artículos 311 al 318.
El proceso se inició ante el Juzgado de Instrucción de Sueca , como consecuencia del accidente sufrido por nuestro cliente, que en noviembre de 2019, mientras se encontraba trabajando en una máquina de ensacado, quedó atrapado en la cinta transportadora de la maquina sufriendo la amputación traumática del brazo. Como consecuencia de las lesiones preciso de varias intervenciones quirúrgicas, y además de tardar en sanar 398 días, le quedaron importante secuelas, perjuicios físicos, estéticos y pérdida de calidad de vida que han sido debidamente valorados, y que han permitido a nuestro cliente verse resarcido en la cantidad de 285.000 euros.
El procedimiento ha concluido con sentencia condenatoria, para el administrador de la sociedad para la que trabajaba el perjudicado, y con la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora.
Los hechos han sido considerados como un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en los artículos 316 y 318 del CP en concurso del art. 8.3 del CP con un delito de lesiones por imprudencia grave previsto en el art. 152.1.2 del CP, en relación con el art. 149 del mismo código.
El articulo 316 del C. Penal señala que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”, y como se recoge en la sentencia “El accidente se produjo porque el acusado, en sus funciones de administrador solidario de la mercantil xxxx SL, no adoptó prevenciones adecuadas para dotar al equipo de trabajo “Tolva de recepción de material” de una protección en la zona de atrapamiento (rodillo y cinta transportadora). Además, el acusado no efectuó un registro y mantenimiento efectivo de la Tolva de recepción para asegurar su buen funcionamiento, ni proporcionó al trabajador formación específica y preventiva adecuada sobre dicho equipo de trabajo y su manejo.”
Nuestro equipo de derecho penal tiene una amplia experiencia en procedimientos penales por delitos contra la seguridad de los trabajadores, tanto en la defensa de los administradores o directivos de empresas como en la defensa de trabajadores accidentados.
También colaboramos con expertos en prevención de riesgos laborales, y peritos médicos de valoración de daños corporales, que nos ayudaran en el procedimiento. Tanto si resultas investigado en un procedimiento por delito contra la seguridad de los trabajadores somo si sufres un accidente y resultas perjudicado, podemos defender tus intereses.

LUCAS ABOGADOS

 

La Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre otras medidas, ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal, en dos aspectos fundamentales.
Uno es el que afecta a la mejora de la eficiencia energética en los edificios ya que ahora se prevé un régimen de mayoría simple para aprobar la realización de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio y obras para la implantación de fuentes de energía renovable de uso común. Además, se establece que el coste de estas obras, incluidas las cuantías necesarias para cubrir los préstamos que la comunidad deba asumir para realizarlas tendrán la consideración de gastos generales de la comunidad.
Y el segundo es el que se refiere a los propietarios morosos pues ahora la Ley prevé la posibilidad de que la Comunidad pueda acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones que no afecten a la habitabilidad del edificio y que no sean desproporcionadas. Aunque habrá que ver en el día a día de las comunidades cómo se pueden llevar a cabo esas medidas disuasorias, sobre todo, las relativas a la privación de uso de servicios o instalaciones y habrá que ver, también cómo se interpreta jurisprudencialmente lo que se considera servicio o instalación que no afecte a la habitabilidad o qué medidas pueden ser desproporcionadas, lo cierto es que se dota a la comunidad de algún instrumento más para forzar el pago por parte de los propietarios morosos y evitar situaciones de deudores crónicos que, hasta ahora, parecían tener todos los derechos y ninguna obligación.
La primera medida disuasoria que recomendamos a las comunidades es incluir en el orden del día de la primera junta que se haya de celebrar, la información sobre estas cuestiones, pues ya los propietarios que puedan tener cuotas impagadas tendrán un primer aviso de lo que puede llegar a costarle el impago de las cuotas.
Interesante también para la comunidad es que se aclare definitivamente que las cuotas impagadas devengarán intereses desde el momento en que debía efectuarse el pago, sin necesidad de nada más, e interesante, también, que la comunidad pueda acordar que el interés devengado sea superior al legal, si bien, se deberán establecer tipos de interés que no puedan ser considerados abusivos.
También mejora la situación de la comunidad en lo que se refiere a la reclamación judicial, pues se incluyen como gastos que debe asumir el deudor los gastos derivados de la intervención del administrador y los gastos de abogado y procurador, incluso aunque proceda a pagar al recibir la demanda de monitorio y aunque la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva. En la misma línea se establece que cuando el deudor se oponga en el proceso monitorio, la comunidad podrá solicitar embargo preventivo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el principal adeudado más los intereses y las costas. En este caso, el deudor podrá evitar el embargo preventivo presentando aval bancario que garantice dichas cantidades.
En definitiva, algo ha mejorado la situación y parece que se clarifica un tanto el camino para la reclamación de las deudas a los propietarios morosos.

LUCAS ABOGADOS.

 

Son cada vez más las consultas que recibimos con el mismo planteamiento   -Quiero desheredar a un hijo, ¿puedo hacerlo?, y lo que es peor, cuando una parte de los herederos te transmiten que el progenitor fallecido quería desheredar a uno de los herederos forzosos, pero no realizó actuación alguna para ello.      

En España a diferencia de otros países, en los que para desheredar a un  hijo basta con manifestar dicha voluntad sin causa alguna,  los hijos ( o los nietos en sustitución de hijos fallecidos),  están especialmente protegidos a la hora de heredar, pues son  lo que se denomina herederos forzosos, y por lo tanto les corresponde un mínimo de la herencia, lo que se conoce como “legítima”, siendo la  legítima estricta, un tercio de los bienes a repartir a partes iguales entre los hijos, de manera que otro tercio será el de mejora, la parte destinada a los herederos en la forma que se quiera designar, pero no obligatoriamente a todos ni en partes iguales, y por último otro tercio será de libre disposición, para quienes se quiera designar libremente. Y esto siempre teniendo en cuenta que se haya realizado testamento, pues en caso de fallecer sin testamento aun empeora la situación.     

El Código Civil, establece una serie de causas tasadas con las que es posible desheredar a un hijo, y así por ejemplo el artículo 756 prevé como causa de desheredación el maltrato, aunque exige que exista condena por ello, y señala dicho artículo “El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes”.

También  el art 853 del Código Civil señala que “Serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 2.º, 3.º, 5.º y 6.º, las siguientes:

1.ª Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.”

 

Y, uno de los motivos más habituales a la hora de manifestar el deseo de desheredar a un hijo, es la falta de relación con los hijos, es decir, que no se ocupen de sus padres, que no haya contacto alguno,  que no les llamen,  que no les visiten con frecuencia, lo que los mayores entienden como situación de abandono.  

Esta falta de relación afectiva es la causa que habitualmente nos transmiten las personas que nos consultan como posible causa de desheredación, y en este sentido conviene recordar que, a pesar de haber flexibilizado los tribunales los requisitos para apreciar la causa de desheredación, conforme a la interpretación  dada por el Tribunal Supremo,  no toda falta de relación afectiva puede considerarse causa de desheredación

Será necesario que dicha falta de relación afectiva, haya causado un menoscabo físico o psíquico al testador, de manera tal que se pueda identificar con lo previsto en el artículo 853 al que antes nos hemos referido, y así considerar dicha falta de relación afectiva como “maltrato de obra”, y por tanto como causa legal para desheredar.

Nuestro restrictivo derecho a la desheredación no permite atender como causa de esta, la simple falta de relación familiar, la desatención consistente en no ver, no visitar o no mantener una mínima relación, o atención al progenitor.  

En nuestro país al heredero forzoso, siempre le quedará la legítima, por lo que normalmente nos encontramos con hermanos o nietos que habiendo contribuido de muy diferente manera al bienestar de sus mayores, deben respetar la legítima que a cada heredero corresponde, fuente siempre de conflicto entre los futuros herederos. 

Por todo ello, al margen de consideraciones morales, personales o de cualquier otro tipo, lo que sí podremos hacer es “preparar la herencia”, y para ello conviene asesorarse por un especialista que contemple las opciones para desheredar a un heredero forzosa, o al menos planifique la herencia, con las limitaciones que el derecho español contempla, pero con la posibilidad de cumplirse la voluntad del testador en su justa medida.    

LUCAS ABOGADOS.   

JULIO 2022

 

 

Como no podía ser de otra manera ante las disparatadas resoluciones que se han venido dictando en torno al IRPH, y en especial por quien debiera haber ejercido su tarea clarificadora y unificadora, esto es por el Tribunal Supremo, otra nueva cuestión prejudicial referida el IRPH, está siendo tramitada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta vez ha sido el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca, quien ha formulado una nueva cuestión prejudicial al TJUE, planteando diversas cuestiones que se nos antojan absolutamente necesarias para que el derecho de los consumidores, conforme impone la Directiva 93/12 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, tenga un contenido efectivo y real, sea tenido en cuenta y aplicado como corresponde, y no se utilicen argumentos peregrinos, el último se resumía en que la cláusula es nula pero no abusiva, y se retuerza el derecho para contentar a las entidades financieras, o al menos para no soliviantarlas, o a lo peor simplemente para no generar un nuevo frente de asuntos judiciales con los que lidiar.

Cabe recordar como en multitud de foros, jurídicos, económicos, políticos, mediáticos, y desde todos los frentes habidos y por haber, se ha presionado a los jueces y tribunales, bajo la falsa premisa de que las sentencias favorables a los consumidores en materia de IRPH ponían en riesgo el sistema bancario, y podían causar un agujero a la banca de x miles de millones de euros, resultando que pasada la tormenta y esquivados los negros nubarrones de IRPH que se ceñían sobre la banca, las cifras anuales de beneficios de la banca cuadruplican los x miles de millones de euros, buena parte de los cuales se han generado y se siguen generando por la aplicación de un índice hipotecario, el IRPH, que no es ilegal, no eso no se discute, lo que es, es claramente nulo y abusivo en la forma y manera que se ha venido utilizando, tal y como se ha comercializado.

Y regresando a la materia plenamente jurídica debemos acudir al Auto de fecha 19 de abril de 2022 del Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca número 17, del que reproducimos las acertadas cuestiones prejudiciales que plantea al TJUE :

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN AL TJUE: 

1ª: Como para la confección del índice de interés variable «TIPO MEDIO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, A MÁS DE TRES AÑOS, DEL CONJUNTO DE ENTIDADES» en el que se han incluido las comisiones y los diferenciales aplicados a éstas que se incorporan al tipo de interés son más gravosos para el consumidor que el resto de tae del mercado, diferenciales que, en base a la normativa de la circular 5/1994 del Banco de España, criterio normativo del organismo regulador se establece la necesidad de que sean de negativos, lo que se ha omitido e incumplido por las entidades financieras de forma generalizada, ¿APARTARSE COMPLETAMENTE DEL CRITERIO NORMATIVO DEL ÓRGANO REGULADOR SE OPONE A LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 LA DIRECTIVA 2005/29/CE ?. 

2ª: Demostrado que apartarse del criterio normativo anterior se opone a los artículos 5 y 7 de la Directiva 29/2005/CE , conforme a la jurisprudencia del TJUE en el ASUNTO C-689/20 ¿ESTA PRÁCTICA DESLEAL CONSTITUYE UN INDICIO A LA HORA DE VALORAR Y APRECIAR EL CARÁCTER ABUSIVO DE CLÁUSULA Y SE OPONE A LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA DIRECTIVA 93/13?. 

3ª: Si la circular 5/1994 del Banco de España, propia del sector financiero, pero ajena al conocimiento general de la población, no fue objeto de ningún tipo de consideración, y se declara que se opone al artículo 7 a la Directiva 2005/29/CE , ¿ CONSTITUYE UN INDICIO A LA HORA DE VALORAR EL CARÁCTER ABUSIVO CON ARREGLO AL ARTÍCULO 6.1 DE LA DIRECTIVA 93/13 QUE DEBE DE APLICAR UN CONTROL DE TRANSPARENCIA A DICHO ÍNDICE QUE SE COMPONE DE «Índice de referencia y diferencial»?. 

4ª: ¿SE OPONE A LOS ARTS. 3.1 , 4 Y 5 DE LA DIRECTIVA 93/13/CEE UNA JURISPRUDENCIA NACIONAL , A LA VISTA DE LA REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL IRPH ES UNA PRÁCTICA ABUSIVA, NO APLICAR DIFERENCIAL NEGATIVO A PESAR DE LA NECESIDAD IMPUESTA EN EL PREÁMBULO DE LA CIRCULAR DEL BANCO DE ESPAÑA, YA QUE ES MENOS VENTAJOSO QUE TODAS LAS TAE EXISTENTES, Y SE HA COMERCIALIZADO EL IRPH COMO SI FUERA UN PRODUCTO IGUAL DE VENTAJOSO QUE EL EURIBOR SIN ATENDER A LA NECESIDAD DE ADICIONAR UN DIFERENCIAL NEGATIVO Y, POR ENDE, SE PODRÍA CESAR EN LA CONTRATACIÓN POR CONSIDERARSE NULAS LAS CLÁUSULAS EN LAS QUE SE PREVÉ SU APLICACIÓN Y ABSTENERSE LAS ENTIDADES BANCARIAS, EN EL FUTURO, DE SU UTILIZACIÓN, YA QUE COMERCIALIZAR ESTE SERVICIO CON CONSUMIDORES VULNERABLES PUEDE AFECTAR AL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO Y DECLARARSE SU NO INCORPORACIÓN A LOS CONTRATOS COMERCIALES DESLEALES AL HABERSE INTEGRADO EN EL PRECIO DEL INTERÉS CONTRARIO A LA DIRECTIVA 2005/29/CE?.

 5ª: ¿SE OPONE AL ARTÍCULO 6.1 DE LA DIRECTIVA 93/13/CEE NO HACER UN CONTROL DE INCORPORACIÓN Y ABUSIVIDAD ANTE UN DIFERENCIAL IMPUESTO DE FORMA OCULTA CUANDO EL DIFERENCIAL DEBE SER NEGATIVO EN LA OFERTA REALIZADA POR UNA ENTIDAD BANCARIA Y QUE EL CONSUMIDOR EN EL MOMENTO DE LA FASE DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL NO LLEGUE A CONOCER EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL INTERÉS APLICADO DE SU PRÉSTAMO , POR OPONERSE ASÍ LA DIRECTIVA EL 29/2005?

Las cuestiones planteadas no pueden ser más acertadas, y tienen su fundamento en la Circular del BANCO DE ESPAÑA 5/1994, de 22 de julio, a entidades de crédito, sobre modificación de la circular 8/1990, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, que decía «Los tipos medios escogidos son, en último análisis, tasas anuales equivalentes. Los tipos medios de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda libre de los bancos y del conjunto de entidades, lo son de forma rigurosa, pues incorporan además el efecto de las comisiones. Por tanto, su simple utilización directa como tipos contractuales implicaría situar la TAE de la operación por encima del tipo practicado por el mercado. Para igualar la TAE de esta última con la del mercado sería necesario aplicar un diferencial negativo , cuyo valor variaría según las comisiones de la operación y la frecuencia de las cuotas.».

Y la evidencia de la abusividad en  la comercialización del IRPH en España es que el referido índice IRPH se ha estado comercializando, vendiendo e introduciendo en multitud de hipotecas con un diferencial positivo, en contra de la propia normativa bancaria, y con ello siendo conscientes las entidades financieras, que evidentemente conocían  tal normativa, no así los consumidores que no fueron informados de ello, que al no aplicar un diferencial negativo  sobre el índice IRPH se estaba situando la operación hipotecaria por encima de los tipos de mercado, con absoluto desconocimiento  del consumidor, siendo esto, la utilización del IRPH sin aplicar un diferencial negativo, como señala el propio Auto del Juzgado de Palma  de Mallorca un hecho habitual y repetido en las hipotecas con referencia al índice IRPH.  

 

Como señala el propio Auto referido “la presente cuestión prejudicial nada tiene que ver con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2020 , y la posterior sentencia del Tribunal Supremo 1363/2020 de 12 de noviembre y a raíz de los autos del TJUE de 17 de diciembre de 2021 de Barcelona e Ibiza, las SSTS 42,43 y 44/2022, de 27 de enero. La cuestión prejudicial que plantea en este momento esta Juzgadora, versa sobre el doble control de transparencia instaurado por la STS de 9 de mayo de 2013 en la que el Tribunal Supremo ha dictado una copiosa doctrina sobre la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios concertados con consumidores, así como sobre la práctica desleal de ocultación de un diferencial negativo debe ser objeto del doble control de transparencia por tratarse de una cláusula abusiva en base a que se opone a la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la Ley 3/1991 de competencia desleal ambas en relación como la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Si el Tribunal Supremo entiende que existe un doble filtro de transparencia en los contratos celebrados con consumidores: un primer control de transparencia documental que rige para todas las condiciones generales que superado permite la incorporación de las mismas al contrato. Y un segundo control de transparencia reforzado o específico para los elementos esenciales del contrato que ha de permitir que el consumidor pueda conocer con claridad y sencillez tanto la carga económica del contrato esto es el precio que debe abonar como la carga jurídica del mismo esto es la distribución de los riesgos que de él derivan. Según el Tribunal Supremo la falta de transparencia sobre el objeto principal del contrato precio y contraprestación puede causar un perjuicio al consumidor que consiste en la alteración inesperada del valor de la oferta tal y como legítimamente se lo habría presentado a partir de la información proporcionada por el empresario. Esta falta de transparencia reforzada no determina la no incorporación de la cláusula del contrato si no te abre la vía el control de posibilidad de la cláusula no es directamente abusivas en el que hay control de contenido, por lo que la cláusula podrá o no ser considerada abusiva ( SSTS de 9 de mayo de 2013 y 9 de marzo de 2017).  En un primer momento la jurisprudencia configuró el control de transparencia en términos muy rigurosos, pues la cláusula podía ser no transparente incluso aunque el empresario hubiera cumplido los deberes de información que le impone la normativa sectorial bancario.

 

La sentencia de 9 de marzo de 2017 parece dar un giro, al sostener la cláusula es transparente si el consumidor conocía la existencia de la misma y su alcance, lo que puede acreditarse no solo con los documentos facilitados por la fase pre contractual sino también por otros medios. En el caso de litis, es controvertido saber si omitir como recoge el preámbulo de la Circular 5/1994 del Banco de España, que para que el consumidor se haga una idea en su organización económica del precio que va a pagar o esta omisión hubiera determinado no acceder a la firma del préstamo que lo situaba en desventaja con el resto existentes del mercado como dice la Sentencia del Tribunal Supremo que, aunque el Euribor ha estado por debajo del IRPH, es habitual que los diferenciales que se aplican a este sean más bajos que los aplicados al Euribor, lo que conlleva un equilibro entre ambos índices. Precisamente estos diferenciales bajos del IRPH, al 0%, 0,25% o 0,50% han sido el señuelo lanzado por los bancos a clientes para que firmasen IRPH, en lugar de Euribor, pensando que pagarían menos intereses. El consumidor iba a firmar una hipoteca, y no se le explicaba a cuánto está el índice hipotecario (Euribor o IRPH), pero sí le dicen que el diferencial que me da es + 0,5% en lugar del + 2% que ofrece otro banco, es claro que escoge la primera opción, que es inferior, pero se hacía necesario ser negativa para parecerse a otras TAE del mercado. Sin embargo, si en esa opción del 0,5% iba con IRPH, es seguro que pagará más intereses que si hubiera escogido la opción del 2%, que iba reverenciada a Euribor. Las entidades financieras podrían haber estado utilizando el señuelo del diferencial bajo al 0% o 0,5% que ofrecían en préstamos con IRPH para que el consumidor firmara este índice, sin saber que realmente iban a pagar más intereses, y sin informar de que el preámbulo de la circular que regula el índice IRPH hace necesario que sea negativo lo que se ha omitido No se trata de compensar clientes de IRPH con clientes de Euribor, sino que el banco no explicó ni informó a mi mandante que mientras el Euribor estaba a un 2% el IRPH estaba al 4%, por lo que, aunque firmase un diferencial del 0,5%, pagaría más por su hipoteca. Según el Tribunal Supremo, no se sabe si el IRPH va a estar en el futuro por debajo del Euribor por lo que no se puede afirmar que sea más perjudicial para el cliente, pero si se omite que el Banco de España hace necesario que sea negativo se está actuando contra la buena fe y creando un desequilibrio entre las partes.

La explicación no puede ser más clara y contundente, y a falta de nuevas sorpresas de las altas instancias judiciales nacionales y europeas, no cabe más que concluir en la nulidad y abusividad del IRPH en casos, todos los que hemos tenido oportunidad de examinar, como el expuesto, utilización del IRPH sin que se aplique un diferencial negativo.   

Pero la reinterpretación del Derecho de la Unión que el Tribunal Supremo está llevando a cabo y que buena parte de las  audiencias provinciales y juzgados, salvo honrosas excepciones, siguen sin cuestionarse nada más, vulnera claramente la normativa comunitaria de protección de los consumidores, y a pesar de ello se siguen dictando resoluciones contrarias al derecho de la Unión y se siguen desestimando demandas y recursos en materia de IRPH, sin el más mínimo pudor y prudencia que deberían llevar a suspender los procedimientos hasta pronunciamiento del TJUE. 

Debemos recordar que tan irregular situación ha provocado varias denuncias ante la Comisión Europea por la no aplicación del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia emanada del TJUE, e incluso denuncias  frente al propio Tribunal Supremo, que mientras, al igual que otras audiencias y juzgados,   sigue dictando resoluciones en las  que concluye que el IRPH no  supera el control de transparencia, es nulo, pero no es abusivo al no existir mala fe ni desequilibrio importante entre las partes contratantes, lo que tal y como pone de manifiesto el contenido del Auto que plantea la cuestión prejudicial, no puede estar más alejado de la realidad, es una falacia, un argumento jurídico vacío e inconsistente, y hace necesario no se siga utilizando, so pena de causar vergüenza en buena parte del foro. 

En definitiva, seguiremos esperando una respuesta del TJUE que se limite a aplicar el derecho de la Unión y no pisotee los derechos de los consumidores. 

LUCAS ABOGADOS. 

MAYO 2022